Perturbación digestiva

El título resulta escatológico, probablemente inapropiado para estos asuntos pero es la sensación que tenemos tanto los consultores, trabajadores como los empresarios en general en relación al entorno legal en el que debemos necesariamente desenvolvernos.

Para empezar debemos acudir al Diccionario de la RAE que nos dice que es un “Síntoma o fenómeno morboso que consiste en evacuaciones de vientre líquidas y frecuentes”. Nos quedaremos con la morbilidad de la descripción, pues en nuestro caso el origen no es ventral, sino cerebral.

Una de las causas además de bacterias y virus, son la ansiedad y las situaciones estresantes.  No vamos a ahondar en la amplia chocarrería coloquial española que se refiere a este indeseable efecto del pánico, pero es aquí en donde vamos a fijar nuestra atención pues vamos a aplicar estos términos a uno de los grandes problemas a los que se enfrentan todos los ciudadanos y más particularmente en el campo que nos ocupa de la vida de las personas y de las empresas.

Esta es la diarrea producida por la ansiedad o el estrés en aquellos que se enfrentan a sus obligaciones laborales sin tener la adecuada preparación para desempeñar sus tareas. Tampoco nadie se ha tomado la molestia de definir en qué consisten, ni qué formación previa es necesaria ni siquiera qué conocimientos mínimos teóricos y prácticos son necesarios para desempeñar esa función. Y con ello me estoy refiriendo a las competencias técnicas que debe poseer el Legislador.

Legislador en el más amplio sentido del término en cuanto a aquella institución capacitada y autorizada por la misma Ley para emitir cualquier tipo de norma para que sea aplicada a los miembros de una comunidad, cualquiera que sea el tamaño de ésta.

Este Legislador (Europeo, Nacional, Autonómico, Supralocal o Municipal) suele llegar al cargo con la idea de justificar la existencia de su puesto: No tiene muy claro en qué consiste, nadie le ha explicado qué debe hacer, no suele tener la formación mínima imprescindible para desempeñarlo y además, muchos de sus desinformados críticos tampoco tienen muy claro qué es lo que deben producir como consecuencia de estas obligaciones.

Como en todo trabajo, hay que establecer unos parámetros de rendimiento para poder evaluar si la productividad de estos asustados partícipes del proceso de ordenamiento de la actividad de ciudadanos y empresas es adecuada al monto de sus emolumentos y privilegios.

 Como a alguien tan desnortado como ellos se le ocurrió en alguna ocasión pensar que el baremo de actividad de cualquier órgano legislativo es la emisión de leyes u ordenanzas, pues encontraron una fácil justificación de sus salarios: A más leyes, más justificaremos nuestro trabajo frente a quienes nos eligen como parlamentarios y legisladores de manera que en las Memorias de Actividad de algunos Parlamentos (Y entiéndase este término en el más amplio sentido) se ufanan orgullosos los redactores de la infausta Memoria Anual en el número ingente de disposiciones que han sido capaces de excretar en el período de tiempo de que se trate creando, ampliando, modificando, contradiciendo, anulando y complicando la comprensión de las normas ya existentes que deben cumplir los administrados y ampliando su ya inabarcable número de manera sumamente creativa pero perfectamente entorpecedora.

De esta lamentable manera hemos conseguido imponernos la diarrea legislativa como consecuencia del pánico del legislador ignorante ante sus obligaciones, que no deberían ser otras más que REFLEXIONAR sobre las necesidades, DEBATIR sobre las fórmulas a utilizar y DECIDIR  sobre el Bien Común, no sobre el bien de los apoltronados.

Y sus objetivos laborales deberían ser:

  • Facilitar la existencia de los administrados. Y dentro de este capítulo entraría la simplificación de la legislación, reuniendo y resumiendo en un único lugar todas las disposiciones aplicables a cada asunto del que se trate. En nuestro caso, y por estar más cercano, me referiré a la vasta y basta cantidad de barreras legales que se encuentran los empresarios para desarrollar su actividad en España debiendo añadir un factor que el Estado no tiene en cuenta en la actividad de los ciudadanos como es la enorme cantidad de tiempo que hacen perder para realizar las gestiones más sencillas. No hablemos ya de las que puedan ser más complejas cuyo surrealista acontecer viene por la mala calidad de la elaboración del precepto, emisión de la norma, desconocimiento generalizado de la misma, aplicación incorrecta por el administrador que no conoce el sentido que tiene y pérdida de tiempo, energías y salud de cualquier persona que se enfrente a estas situaciones.
  • Defender al administrado de abusos del aparato del Estado. Estos abusos pueden provenir de muchas causas, pero en España la dictadura viene impuesta por el exacerbado uso de las atribuciones cedidas a cada organismo emisor: Para demostrar su competencia y poder en el territorio que les han encargado administrar no tienen más remedio que hacer uso de toda herramienta que les permita distinguirse de otros regidores mucho menos “sensibles” a las demandas sociales tengan éstas sentido o sean pura filfa justificatoria del desmán del sátrapa de turno, lealmente secundado por el Legislador incompetente que deberá su condumio al mantenimiento de los principios del sátrapa, nunca a los intereses generales que es para lo que ha sido elegido.
  • Buscar el bien común. Y eso se hace con pausa, reflexionando sobre qué se quiere hacer y sobre todo sobre qué pueden necesitar los administrados en su conjunto, no solamente los más vociferantes y expresivos. No es necesario legislar. Es necesario reflexionar antes de introducir cualquier modificación en las formas de vida de los ciudadanos pues cualquier cambio en los hábitos y costumbres supone, de entrada, una intromisión en aspectos vitales de la vida y creencias de las personas y de las empresas cuya protección debería estar garantizada por aquellos que elegimos para que nos defiendan del Estado.

No solamente no cumplen estas obligaciones, sino que en la mayoría de los casos aplauden frenéticos cualquier disparate limitador de las libertades que podrán justificar íntimamente en la permanencia en el puesto de ¿trabajo? que les mantiene a ellos y a sus familias.

Cortemos la diarrea. Que no legislen más, que con lo que existe ya es suficiente para asfixiar cualquier iniciativa. Que se esfuercen en analizar las deposiciones (No es errata) actuales, su validez, su sentido y su aplicabilidad y hacer un esfuerzo de síntesis para facilitar la vida de los administrados.

Comencemos por hacer una correcta Descripción de Puestos de Trabajo para los que estén dispuestos a ser elegidos como nuestros representantes. Que a lo mejor sucede como en las empresas, que hace falta una cualificación mínima para desempeñar el trabajo más sencillo.

Y el de representante de los ciudadanos no lo es. Y visto lo visto, en la creencia de que cualquiera puede ser representante de la ciudadanía, se da ese caso. Cualquiera. Incluso lo más iletrado y descerebrado de la especie.

El resultado, ya lo hemos visto: Descontrol peristáltico-legal.

Buen día a todos

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